Declaración de principios

La sociedad mexicana atraviesa una profunda crisis económica, social, institucional y política que ha llevado a muchos ciudadanos a retirar su apoyo a los partidos hasta ahora dominantes. Muchos mexicanos, cada día más preocupados por el deterioro institucional y de la convivencia, siguen hoy sumidos en la indecisión y la incertidumbre al no sentirse representados por ninguna de las opciones políticas existentes. La elaboración de un nuevo proyecto político responde a la necesidad de frenar este proceso de degradación de nuestro sistema democrático y de recuperar la confianza de los ciudadanos en el presente y el futuro.

Los partidos son considerados hoy por muchos ciudadanos como meros instrumentos de propaganda y control al servicio de sus propios intereses y de los poderes económicos. Su estructura es poco democrática, su financiación opaca e irregular y su funcionamiento favorece el oportunismo y la corrupción. La política se ve como un espacio en que se practica sistemáticamente la mentira, el engaño y la manipulación de los ciudadanos. Los políticos, por el mero hecho de serlo, despiertan el rechazo y la desconfianza de la mayoría, tanto por su lenguaje y actitud ante los ciudadanos, como por la situación de privilegio y las prebendas de que gozan. Es imprescindible recuperar la dignidad y el prestigio social de la política, y el valor democrático de los partidos.

Ante esta situación de crisis política general, creemos necesario ofrecer a los morelenses un nuevo proyecto político que ayude a recuperar la autoestima y confianza en nuestra nación y en el Estado de Derecho, superar los complejos impuestos, afianzar la democracia y las instituciones públicas, reformar y renovar nuestra Constitución para asegurar la unidad, igualdad y progreso de todos. Un proyecto integrador, aglutinador de muchos esfuerzos hoy dispersos, capaz de ilusionar a una mayoría e iniciar una nueva etapa de bienestar y convivencia que potencie todas nuestras capacidades y energías.

La situación política e institucional señalada ha venido acompañada de una profunda crisis económica y social. La sociedad vive un momento de tensión y preocupación generalizada por la transición de poderes, la inseguridad en la vida y patrimonio de los ciudadanos, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, los bajos salarios, la precariedad e inseguridad en el empleo, la ausencia de futuro para los jóvenes, el aumento de la pobreza, el deterioro de la sanidad y la educación, la falta de apoyo a las personas mayores y dependientes, la lentitud y la desconfianza en la justicia, la injusta distribución de los impuestos, la pérdida de los ahorros, los abusos bancarios, el futuro de las pensiones, etc.

Los sentimientos de miedo, inseguridad e impotencia para cambiar la situación, empujan a muchos ciudadanos a la búsqueda de soluciones urgentes y extremas, llevándoles a confiar en promesas demagógicas o irrealizables, despreciando los riesgos que implican.
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Nadie puede asegurar que la situación actual no provoque un aumento de los conflictos políticos y sociales y un mayor deterioro económico y de la cohesión social. Si la situación sigue empeorando, no hay que descartar la irrupción de la violencia en la escena política, ya hoy presente en muchos Estados de la República.

El deterioro social puede ser el preámbulo de una situación mucho más grave que se precipite en los próximos años. Quien se niegue a aceptar esta posibilidad es que quiere cerrar los ojos a la realidad, refugiarse en interpretaciones tranquilizadoras o evadirse esperando soluciones mágicas que el tiempo descubra por sí mismo.

No podemos olvidar que, además de los hechos, son las ideas, los sentimientos y la propaganda, elementos muy poderosos capaces de provocar y mover las reacciones de los grupos sociales. Más preocupante resulta este hecho al comprobar que no existe hoy en México ningún acuerdo ni ningún movimiento político unido capaz de establecer una alternativa seria a los intentos de desmoronamiento del Estado, de la unidad y convivencia de todos los morelenses. El impulsar un nuevo proyecto político democrático, de centro izquierda nacional, responde a esta necesidad e inquietudes.

El Partido Movimiento Alternativa Social es de centro izquierda; sustenta su ideología en principios fundamentales como la libertad, la democracia, la igualdad, la justicia, el respeto y cuidado a la naturaleza; el humanismo y los derechos sociales. Con base en ellos el partido promueve el ejercicio del poder hacia el desarrollo social, político, económico y cultural de Morelos.

En concreto, el Movimiento Alternativa Social (MAS) es un partido constituido por ciudadanos que comparten, defienden y promueven los siguientes fines y principios que orientan su proyecto político:

El respeto y la defensa de un sistema social democrático como instrumento fundamental para organizar el Estado, asegurar la libertad, la igualdad, la paz y la convivencia entre todos los ciudadanos de Morelos, así como su participación política. Todo ello formalizado y delimitado por leyes que hagan posible el respeto al marco democrático y sus reglas.

La democracia no es sólo un sistema de votación y representación política ejercida a través de los partidos, sino un conjunto de actitudes, valores y comportamientos que deben interiorizar los ciudadanos y regir sus relaciones sociales.

El respeto y la defensa de la igualdad entre todos los ciudadanos, su condición de seres libres y responsables, su derecho a vivir una vida digna y plena, a aspirar a desarrollar sus capacidades con independencia de su origen familiar, lugar de nacimiento y residencia, creencias religiosas, ideología política, sexo, edad, lengua o cualquier otra diferencia. El sistema democrático ha de garantizar la promoción integral de los ciudadanos en condiciones de igualdad en todo lo referente al acceso a los bienes y servicios públicos.

La libertad se basa en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Los derechos son, en primer lugar, de las personas.

Los derechos colectivos emanan de los derechos individuales sin los cuales aquéllos se convertirían en privilegios.

La libertad individual busca el interés y el provecho personal, y ambos están supeditados al bien común. Las leyes democráticas establecen, en caso de conflicto, los límites y relaciones entre libertad individual y bien común.

La defensa de la naturaleza, el equilibrio ecológico y el control de los recursos naturales debe prevalecer frente a cualquier interés particular o de mercado.

Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un medio libre de contaminación (del aire, del agua, del ruido, de la aglomeración, de radiaciones perjudiciales para la salud), en un entorno natural armónico y equilibrado.

El desarrollo urbano, industrial, minero, agrícola, ganadero, acuífero, turístico o de espacios de esparcimiento debe hacerse compatible con el respeto a la biodiversidad y el equilibrio natural de los bosques, ríos, costas, recursos y espacios protegidos. El desarrollo, por tanto, ha de ser sostenible.

La existencia de distintas culturas, lenguas, ideologías, creencias, religiones, modos de vida y costumbres es una manifestación de la libertad, la creatividad y la diversidad humana.

Cualquier expresión de racismo biológico o cultural, cualquier tipo de discriminación, socavan la convivencia e incitan al enfrentamiento y al odio y, por tanto, han de ser erradicadas, combatidas y deslegitimadas.

El respeto y la defensa de los Derechos Humanos deben extenderse a todos los individuos, grupos, pueblos y naciones de la Tierra, promoviendo un sentimiento de fraternidad y solidaridad universal.

La lucha contra la explotación, la injusticia, la ausencia de libertades, el terrorismo, la pobreza y la desigualdad en el mundo no es algo ajeno a la defensa de esos mismos principios en el ámbito nacional y Estatal. La común condición humana, así como la interdependencia y globalización de las relaciones comerciales, técnicas y sociales hace que no existan ya problemas humanos de los que podamos despreocuparnos.

Todos los mexicanos tienen iguales derechos y obligaciones jurídicas. El Estado ha de disponer de los mecanismos necesarios para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, la posibilidad de ejercer una profesión u oficio, o realizar un trabajo digno de acuerdo con sus aspiraciones y posibilidades, el acceso igualitario a los servicios públicos como la sanidad, la justicia, la educación o la jubilación, disponer de una vivienda digna, recibir ayudas relacionadas con la discapacidad o la dependencia, disfrutar de los bienes culturales y el derecho a recibir una información veraz. Nadie debe verse privado de aquello que su creatividad, individualidad, voluntad, esfuerzo y trabajo generen, ni violentado en sus formas de disfrutarlo.

Especial relevancia tiene el asegurar la igualdad de todos los ciudadanos, de toda la población, con independencia de la región donde vivan, en el acceso a la educación, la sanidad y la justicia como pilares de cualquier Estado de Derecho. Será indispensable realizar todas las reformas necesarias para garantizar una igualdad efectiva de estos derechos, al mismo tiempo que se avance y promueva una educación y una salud de calidad, universal y gratuita.

La educación y la enseñanza son el instrumento fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades, la integración y cohesión social, el desarrollo individual, la socialización, el aprendizaje de los valores éticos y democráticos, la transmisión del conocimiento, el aprecio del saber, la ciencia, la cultura y el arte.

A través de la educación y la enseñanza se transmite el valor del esfuerzo, la responsabilidad, la tolerancia, la colaboración y la empatía, se estimula la autonomía y la creatividad y se prepara al individuo para un futuro profesional en que pueda sentirse plenamente desarrollado.

Las sucesivas reformas de nuestro sistema educativo no han sido capaces de definir y aplicar un modelo educativo de calidad que supere los errores pedagógicos, organizativos, de selección de contenidos y de formación del profesorado que siguen sin abordarse con valentía y determinación.

El abandono de las llamadas humanidades y del desarrollo de las capacidades lingüísticas, discursivas y del pensamiento lógico, la sobreprotección del alumno en sustitución de su propia responsabilidad, la falta de adecuación de la escuela al vértigo de los adelantos tecnológicos, (las llamadas tecnologías de la información y la comunicación) y su impacto en la educación integral del individuo, la escasa presencia de la educación en inteligencia emocional, la proliferación de materias sin criterios rigurosos de selección, la saturación de horarios y la dispersión del esfuerzo y la atención de los alumnos, así como descuidar el factor fundamental de la motivación individual, son elementos que es preciso someter a un análisis objetivo que nos permita salir de la actual situación de frustración y fracaso educativo.

La mujer, por su propia condición, ha sido marginada históricamente en todos los órdenes de la vida social, económica, cultural y política de nuestra sociedad. Este hecho es intolerable y nuestro compromiso es transformar radicalmente esta situación hasta alcanzar una verdadera igualdad social entre mujeres y hombres, impidiendo que la diversidad sexual se convierta en discriminación de ningún tipo.

Este cambio debe iniciarse en la educación, pero también en el acceso al trabajo, los salarios, los cargos públicos, la política, los puestos de responsabilidad y dirección.

Debe establecerse un eficaz sistema que asegure la igualdad de oportunidades y el empoderamiento en todos los ámbitos de la vida social. Debe facilitarse que la mujer pueda desarrollar libremente, sin perjuicio laboral, económico o social alguno, la maternidad, la crianza de los hijos o el cuidado de familiares, lo que es beneficioso no sólo para ella sino para el conjunto de la sociedad.

Especial importancia tiene el romper los estereotipos sexistas, machistas y degradantes de la mujer en el ámbito de los medios de comunicación, el deporte, las redes sociales, la publicidad, la moda y la creación artística. Para impulsar esta transformación social, cultural e ideológica, será necesario establecer leyes que protejan a la mujer del maltrato, la discriminación, el abuso sexual, la prostitución forzosa, la dominación familiar, la imposición religiosa o cualquier otra situación que degrade su condición humana o impida su desarrollo.

La cultura es el conjunto de realizaciones materiales, espirituales y simbólicas que proporcionan un placer o disfrute individual y colectivo, generan sentimientos de pertenencia y fraternidad, ofrecen un sentido no materialista de la vida, enriquecen las relaciones humanas, difunden modelos emocionales y de comportamiento, promueven el conocimiento y fomentan la creatividad a través de expresiones como el arte, la literatura, el cine, el teatro, la música, la danza, la pintura, la fotografía, los medios audiovisuales, la arquitectura, el deporte o la ciencia.

El Estado debe favorecer la creación y el disfrute de la cultura como parte esencial del bienestar y el desarrollo humano, y como factor decisivo en el establecimiento de vínculos sociales de cooperación, tolerancia y convivencia. La existencia de una cultura común no significa la negación o desaparición de la gran diversidad cultural de Morelos, una riqueza histórica y social que se manifiesta en todos los ámbitos y que debe ser preservada, defendida y promovida allí donde los ciudadanos lo demanden o exijan.

El Estado como regulador de las condiciones de producción y trabajo, de los recursos energéticos, las comunicaciones y los servicios públicos que aseguran la cohesión social, ha ido perdiendo poder, libertad y capacidad de acción en el ámbito productivo y financiero. Mientras no existan organismos y mecanismos de poder democrático que puedan contrarrestar los abusos de los grandes poderes económicos y financieros, la acción del Estado se verá muy limitada y sujeta a las presiones e intereses diversos.
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Pero ni la economía es ciega ni funciona por sí sola de modo automático o ajeno a las decisiones que se adopten. El Estado tiene todavía muchos recursos para intervenir de modo decisivo en el rumbo de la economía, la producción, los derechos de los trabajadores y distribución de la riqueza, sin que ello suponga coartar la libertad de empresa, de mercado, de iniciativa y de trabajo, sin la cual no sería posible la creación de riqueza.

Es necesaria una transformación del sentido de la política y del funcionamiento de los partidos políticos que hoy despierta un profundo rechazo social porque favorece la corrupción, la manipulación y el engaño sistemático a los ciudadanos.
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Rechazamos la idea de que la política es un instrumento para asaltar el poder del Estado y una vez alcanzado, actuar como dueños y poseedores absolutos del mismo. El poder es inseparable de la soberanía y la soberanía es intransferible y su único sujeto es el conjunto de los ciudadanos, con independencia de sus opciones políticas.

La política no ha de tener otro fin que mejorar la sociedad, buscar el bien común, asegurar los servicios sociales, perfeccionar las normas y el funcionamiento del Estado, ofrecer a los individuos las oportunidades óptimas para su desarrollo personal y creativo, corregir las desigualdades fruto de la injusticia, el abuso de poder o los privilegios.

Los partidos políticos deben organizarse de acuerdo con los principios democráticos y constituirse en modelos sociales, tanto por la honestidad y buen comportamiento de sus miembros, como por su funcionamiento rigurosamente democrático y transparente.
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El modelo de partido fuertemente jerarquizado, que favorece el culto a la personalidad y fomenta el hiperliderazgo, debe ser sustituido por una organización nueva mucho más abierta, autocrítica, basada no sólo en principios políticos e ideológicos claros y coherentes, sino en valores éticos, humanos y sociales firmes y positivos, acorde con la sociedad a la que se quiere representar y transformar.

El poder de los partidos debe ser limitado y controlado, sometido a vigilancia, y ejercido siempre dentro de las leyes. Su acción política ha de ser coherente con los principios, proyectos y programas que presentan a los ciudadanos.

La corrupción es el aprovechamiento del dinero público para el enriquecimiento personal y para conseguir ventajas de contratación, financiación, subvención o apoyo legislativo por parte de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos. Debe perseguirse por todos los medios, legislativos, judiciales y de control y de denuncia ciudadana.

La corrupción socialmente más reprobable es la corrupción política, pero es preciso que la sociedad mexicana y en particular, la morelense, tome conciencia de que la corrupción política no se produciría si no existieran otras formas de corrupción que tienen que ver con empresas, grupos financieros, sindicatos, medios de comunicación públicos y privados, organizaciones deportivas y otras instituciones, e incluso a nivel del núcleo familiar.

Con frecuencia el soborno va unido a la falta de regulación y control financiero y el movimiento opaco de grandes fortunas y capitales. Este gravísimo problema empobrece al Estado. Tienen que actuar no sólo los partidos, sino que ha de ser la sociedad en su conjunto la que colabore activamente para denunciar y acabar con estas prácticas corruptas que perjudican a todos.

El Partido Político Movimiento Alternativa Social asume plenamente la obligación de observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Morelos y las leyes de que de una y otra emanen, por lo tanto, se obliga y compromete a: